La CDHEC emite Recomendación al Gobernador del Estado por el impago de las pensiones de quienes integran la Asociación de Jubilados y Pensionados de Seguridad Pública de Colima
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitió la Recomendación 15/2021, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima por vulnerar los derechos de quienes integran la asociación “JUPESEPC de Jubilados y Pensionados de Seguridad Pública de Colima, A.C., ante las irregularidades en el pago de las pensiones.
La Comisión admitió el pasado primero de octubre del 2021, la queja por comparecencia de la presidenta y representante legal de la JUPESEPC de Jubilados y Pensionados de Seguridad Pública de Colima, A.C., ante ello, el Organismo Protector acreditó una vez concluidas las investigaciones del expediente, que la autoridad incurrió en violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la seguridad social y en consecuencia, se violentó el derecho a la alimentación, a la salud y a la vida digna.
El Órgano Defensor emitió la Recomendación 15/2021, en la que solicita se tomen las medidas necesarias para que los sueldos y demás prestaciones, sean pagadas en su totalidad en los plazos estipulados a todas las personas integrantes de jubilados y pensionados de Seguridad Pública de Colima.
La CDHEC determinó se acceda de manera inmediata a la asesoría jurídica que soliciten las y los agraviados en atención a los hechos que motivaron la presente recomendación; así como otorgar una compensación a las y los integrantes de la asociación por los perjuicios ocasionados o lucro cesante, en los casos que, conforme a la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, sean procedentes y estén acreditadas derivado de la violación a sus derechos humanos.
Asimismo, que la autoridad ofrezca una disculpa pública dirigida a las y los integrantes de dicha asociación por la violación a sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad humana y su situación de vulnerabilidad económica.
Se solicita se inicie el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de las y los servidores públicos que resulten responsables, para la aplicación de sanciones que se determinen, como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos a las y los agraviados.
Finalmente, que se diseñe y lleve a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad social, alimentación, salud y a un nivel de vida adecuado, en especial, los derechos de las personas adultas mayores, con el objetivo de que las y los servidores públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal.
