La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitió la Recomendación 11/2021, dirigida al Fiscal General en el Estado de Colima, por vulnerar los derechos de un ciudadano al ser detenido de manera ilegal por elementos investigadores.
La CDHEC determinó que al ciudadano se le vulneró los derechos a la libertad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica; por lo que estableció una vez analizados los motivos de la queja y después del estudio de los expedientes de los hechos, indagatorias, testimonios, dictámenes y evidencias, emitir la Recomendación 11/2021.
En dicha resolución, el Organismo Defensor expone que la autoridad señalada deberá otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica que necesite el agraviado, no obstante, el tiempo transcurrido, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, de manera gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con su consentimiento, con información previa, clara y suficiente.
Se deberá otorgar una compensación al ciudadano por los daños patrimoniales que resulten comprobables ante la violación a sus derechos humanos, conforme al procedimiento y términos de la Ley General de Víctimas, además de iniciar un procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales en contra de las y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado que resulten responsables para la aplicación de las sanciones.
La Comisión solicita realizar las adecuaciones necesarias para garantizar que todos los procedimientos penales y administrativos de su competencia, se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso.
Finalmente, determinó diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a todo el personal de la Fiscalía General del Estado, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal.