La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitió la Recomendación 12/2021, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado, por vulnerar los derechos de varias personas pensionadas y jubiladas del Gobierno del Estado de Colima, ante la falta de pago de sus quincenas y sus pensiones.
El Órgano Defensor al analizar los expedientes respectivos de los hechos ocurridos en el presente año, consideró que la autoridad señalada violentó los derechos a la legalidad, Derecho a la seguridad jurídica y Derecho a la Seguridad Social, en consecuencia, se violentó el Derecho a la alimentación, Derecho a la salud y Derecho a una vida digna de las y los agraviados.
Por las indagatorias efectuadas, testimonios, dictámenes y evidencia, la Comisión acreditó que la autoridad incurrió en violaciones a los derechos humanos, por lo que emite la Recomendación 12/2021, la cual consta de siete puntos destacando se tomen las medidas necesarias para que las pensiones y jubilaciones sean pagadas en su totalidad en los plazos estipulados a todas las y los pensionados y jubilados, a fin de evitar que se continúe incurriendo en la trasgresión a los derechos humanos.
La CDHEC recomienda otorgar de manera inmediata la asesoría jurídica que soliciten las y los agraviados en atención a los hechos que motivaron la presente recomendación; así como ofrecer a todas las personas jubiladas y pensionadas, los servicios de asesoría jurídica y psicológica tendientes a facilitar el ejercicio de sus derechos laborales, no obstante, el tiempo transcurrido.
Se otorgue una compensación a las y los quejosos por los perjuicios ocasionados o lucro cesante, en los casos que, conforme a la Ley de Protección de Víctimas en el Estado, sean procedentes derivado de la violación a sus derechos humanos.
Se les ofrezca una disculpa pública dirigida a las y los pensionados y jubilados del Estado de Colima, en aras de reconocer su dignidad humana y su situación de vulnerabilidad económica.
Este Organismo Estatal solicita iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales, en contra de las y los servidores públicos que resulten responsables, para la aplicación de sanciones que se determinen, como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos a las y los agraviados, conforme al análisis de la presente recomendación.
Finalmente, recomienda diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad social, alimentación, salud y a un nivel de vida adecuado, en especial, los derechos de las personas adultas mayores, con el objetivo de que las y los servidores públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal.